La posibilidad de que órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sean ‘absorbidos’ por las secretarías de Estado representaría un retroceso en materia de regulación, evaluación y control, coincidieron diversos expertos consultados por El Financiero.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de International Chamber of Commerce (ICC), señaló que llevar a los órganos autónomos al seno de las secretarías de Estado significaría convertirlos en órganos políticos, por lo que perderían la razón de ser por la que fueron creados, “tomar decisiones técnicas”.
“Esas decisiones técnicas son las que se han impulsado en el país y que solo pueden ser tomadas por los miembros de estos órganos con plena autonomía, a partir de la mejor medida para el bienestar del ciudadano común y no de grupos de interés o políticas públicas de corto plazo”, dijo.
La International Chamber of Commerce (ICC) destacó dos casos de éxito de los órganos autónomos, que podrían perderse si la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador trasciende.
En un primer caso, la Cofece ha supervisado concentraciones económicas o de mercado por más de 13 billones de pesos y ha logrado beneficios por aplicación de la ley que ascienden a los 20.5 millones de pesos. Además, ha impuesto multas superiores a los 6 mil millones de pesos.
Asimismo, en un segundo caso se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que desde su creación, ha logrado reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones en 27 por ciento y en el caso de los servicios móviles hasta 44 por ciento, lo que implica ahorros por 425 mil millones de pesos para los consumidores.
“Se triplicaron los accesos de internet móvil y los accesos de internet fijo aumentaron 45 por ciento, las conexiones de fibra óptica aumentaron en 600 por ciento mientras que los accesos a TV de paga incrementaron de 43 a 58 por cada 100 hogares. Con la multiprogramación 30 millones de niños han podido ir a la escuela durante la crisis de COVID-19”, dijo la ICC.
En este sentido, Carlos Mena, especialista en competencia económica y cumplimiento normativo, indicó que tanto la Cofece como el IFT han demostrado una enorme aportación a la economía y al bolsillo de los consumidores, debido a su fortaleza institucional.
Agregó que las agencias reguladoras independientes aseguran que los compromisos de estabilidad regulatoria para la inversión sean creíbles, y que de esta forma, los empresarios puedan tener reglas claras a lo largo del tiempo para poder invertir.
“México se ha comprometido a nivel internacional, a través de tratados y otros instrumentos, a tener reguladores independientes de competencia, telecomunicaciones, energía y otros que aseguren un terreno parejo a los jugadores en los mercados y en beneficio final de los consumidores”, dijo.
En tanto, Eduardo Pérez Motta, socio de la firma SAI Derecho & Economía, resaltó la importancia de que estos órganos sigan siendo autónomos.
“Los órganos reguladores deben de ser de carácter técnico, la única lealtad que deben tener los comisiones y miembros de autoridades es al mandato de la ley, porque así es como generan confianza que requieren los mercados para poder operar eficientemente. Su único trabajo es hacer cumplir la ley, no hacer política”, aseveró
Detalló que si el presidente quiere hacer modificaciones en este tema, no bastará con una ley administrativa, sino que tendrá que reformar la constitución.
Al respecto, la iniciativa privada manifestó que la idea del Gobierno por debilitar o eliminar a organismos autónomos generan incertidumbre para invertir.
“La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
*Este artículo aparece primero en El Financiero Bloomberg.
