Si la iniciativa de reforma eléctrica viola tratados internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), existen ‘puertas de salida’ para separarse de ellos, señaló Eduardo Andrade, director general de profesiones de la SEP, durante su participación en el parlamento abierto.
Andrade señaló que existen cláusulas de salida para separarse de tratados internacionales que no permitan tomar decisiones en beneficio del país.
“El T-MEC señala claramente que el Estado se reserva el derecho de hacer las modificaciones a su Constitución y a las leyes que requiera para beneficio del país, hay reservas respecto a qué reglas de competencia pueden ser modificadas en razón de los intereses nacionales”, puntualizó.
Sin embargo, Raúl Pérez Johnston, abogado constitucionalista, señaló que aunque el Estado mexicano puede violar los tratados internacionales de los que forma parte, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.
“Se deberá tomar en cuenta las indemnizaciones que se tendrían que cubrir, y hasta el momento, no he visto un análisis serio por parte del Gobierno del costo-beneficio que representan los cambios constitucionales que se proponen. Necesitamos evaluar si esta Reforma es realmente necesaria”, advirtió.
¿Para qué cambiar la Constitución?
Agregó que para solucionar los problemas que plantean los defensores de la iniciativa, no es necesario reformar la Constitución, ya que la mayoría de los temas se pueden atender mediante regulación secundaria.
Carlos Rodríguez, abogado especialista en derecho energético, indicó que la reforma propuesta por el presidente contraviene tres principios fundamentales de la Constitución.
“En primer lugar, atenta contra las garantías y principios de legalidad, debido proceso, seguridad, certeza jurídica y el principio de retroactividad, también pone en entredicho los compromisos internacionales y finalmente, contraviene los principios de protección a derechos humanos, ya que atenta contra principios del medio ambiente”, subrayó.
Finalmente, Georgina Velasco, consejera jurídica y de servicios legales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), defendió la iniciativa, y señaló que su principal objetivo consiste en establecer un mercado parejo para la CFE.
*Este artículo aparece primero en El Financiero Bloomberg.
