La economía mexicana podría presentar una contracción de 8.7 por ciento en 2020, según el estudio ‘Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México, panorama socioeconómico’, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Al respecto, Cynthia Martínez, coordinadora del proyecto de implementación de agenda 2030 subnacional del PNUD, enlistó una serie de medidas de política pública que podría ejercer el Gobierno federal para afrontar la crisis económica generada por la pandemia.
“Proponemos una serie de paquetes públicos, entre las que se encuentran exención de impuestos a las empresas, duplicar el monto de transferencias directas a 30 por ciento en los hogares más pobres, transferencias directas a personas desempleadas del sector formal e informal y a adultos mayores”, dijo.
La especialista indicó que son importantes los apoyos a los hogares para garantizar el acceso a la canasta básica de bienes y servicios, principalmente para los trabajadores del sector informal, personas en situación de pobreza y adultos mayores.
“Estamos proponiendo transferencias monetarias de 3 mil 500 pesos mexicanos, el cual es un monto superior a la línea de pobreza. Si este apoyo se brinda a trabajadores del sector informal, que es el 50 por ciento de la población ocupada del país, se calcula un gasto público mensual aproximado de 0.15 por ciento del PIB”, dijo.
Agregó que si estas transferencias se destinan a personas en situación de pobreza extrema (alrededor de 9 millones), el gasto mensual ascendería a 0.04 por ciento del PIB, mientras que si se otorga a adultos mayores (12 millones de personas que no reciben pensión contributiva), el gasto mensual sería equivalente a 0.06 por ciento del PIB.
Respecto a la ayuda de empresas, la especialista dijo que se podrían ejercer apoyos financieros a la medida y que sean proporcionales al reto que enfrentan, ya sea a través de créditos o subsidios.
Además, Cynthia Martínez agregó que es recomendable la adquisición de deuda para financiar la crisis, así como incentivar la inversión en infraestructura pública y realizar un desacoplamiento de subsidios para los sectores agrícola y pesquero.
“Sería recomendable la adquisición de deuda pública apalancada con la aplicación de medidas fiscales, acorde a la política de austeridad”, dijo la especialista.
Respecto a las recomendaciones realizadas por el PNUD, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, destacó que desde el inicio de la actual administración, el presidente López Obrador ha buscado fortalecer los ingresos de la población más vulnerable del país a través de transferencias.
“El presidente inició con una política agresiva de programas de transferencia, algunos universales como pensiones a adultos mayores y un programa reforzado de becas escolares en 3 niveles educativos”, dijo.
También destacó que durante abril, el Gobierno diseñó un programa para otorgar dos millones de créditos de 25 mil pesos para microempresarios, lo que permitirá que muchos negocios puedan pagar la nómina durante la pandemia.
A su vez, Márquez Colín recordó que falta un mes para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor, lo que será un motor importante para la reactivación de la economía mexicana.
El gran reto para este Gobierno sigue siendo desarrollar el sur-sureste del país, por lo que las proyectos de infraestructura serán de vital importancia, como lo es el Tren Maya y la conexión entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, “son programas de largo aliento que atraen inversión”, señaló la secretaria.
Durante la presentación del estudio también estuvieron Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en México y Marcela Meléndez, economista en jefe, bureau para América Latina y el Caribe del PNUD.
*Este artículo aparece primero en El Financiero Bloomberg.
