Rodolfo Castro Valdez, exsecretario de Hacienda del Gobierno de Baja California, fue denunciado de manera anónima ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Estado por incurrir en diversas irregularidades en la licitación pública y construcción de una central eléctrica fotovoltaica.
Esta obra tendría el objetivo de brindar suministro eléctrico para el Gobierno de Baja California y sus entidades paraestatales para un periodo de 30 años.
La denuncia con el folio 202108103 fue presentada ante Vicenta Espinosa Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, con el objetivo de que se revisen si existen responsabilidades administrativas o penales en la que pudiera haber incurrido el exsecretario de Hacienda del Gobierno de Jaime Bonilla.
La primera de las irregularidades detectadas es que mediante la licitación número LPN-CIE-001-2020, el Comité Interinstitucional de Energía, presidido por el entonces secretario de Hacienda de Baja California, Rodolfo Castro Valdez, falló a favor de la empresa Next Energy de México, S.A. de C.V.
Sin embargo, el artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece que previo a la licitación, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debió haber autorizado la obra tal cual como se dio, pues es competencia federal toda la infraestructura que se cree en materia de la Industria Eléctrica, por lo tanto, “el Gobierno del Estado carece de facultades para haber realizado tal licitación”.
El denunciante anónimo mostró con evidencias que el pasado de julio de 2021 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó el permiso necesario para la licitación, posterior construcción y funcionamiento de la obra ilegalmente licitada.
“Por lo que es fácil concluir que el proyecto en mención no cuenta con el permiso indispensable para la generación de energía por medio de la central eléctrica fotovoltaica”, señaló el denunciante en su declaración.
Otra de las irregularidades fue declarada por la misma secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya que mediante el oficio No. SENER. 100/2020/303 remitido al gobernador Bonilla, le especificó que los poderes estales carecen de la facultad constitucional para convocar una licitación como la que se realizó, ya que es una facultad exclusiva de la Federación.
Además, el proyecto de la planta carece de una resolución favorable de la evaluación de impacto social que entrega la Secretaría de Energía, por mencionar una irregularidad más.
De acuerdo con cifras oficiales, el acusado habría comprometido los ingresos del Estados durante los próximos 30 años, debido a que el proyecto implicaría una deuda de 270 millones de dólares.
La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California admitieron la denuncia presentada, por lo que tendrá que colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos administrativos y penales. El exfuncionario podría ser suspendido de manera temporal para ejercer algún cargo público en lo que se resuelve la denuncia en su contra.
*Este artículo aparece primero en El Financiero Bloomberg.
