Diversos especialistas pusieron sobre la mesa del parlamento abierto las implicaciones que podría tener la reforma eléctrica en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Como punto a favor de la reforma, Almudena Otero de la Vega, abogada del departamento de arbitraje en Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que hay diversas razones por las que la reforma podría ser compatible con las obligaciones del T-MEC.
“Si el trato otorgado por el Estado a algún inversionista extranjero se ajusta a los estándares de nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato, la reforma es compatible con lo acordado en el T-MEC”, dijo.
A modo de ejemplo, la especialista señaló que el artículo 14.5 en el que se toca el tema de nación más favorecida establece que el país otorgará a los inversionistas extranjeros un trato no menos favorable que el que le otorga en circunstancias similares a otros inversionistas foráneos.
“Podemos ver que la reforma no tiene efectos discriminatorios, no favorece ni perjudica a inversiones de un país en particular, todos los inversionistas estarían en las mismas circunstancias, independientemente de su nacionalidad”, apuntó.
En contraste, Ana López Mestre, directora de American Chamber of Commerce, señaló que lo que más se necesita son reglas claras y certeza jurídica, ya que el acceso a la energía eléctrica es clave para la competitividad de México y para la integración de América del Norte.
“La prioridad debe ser garantizar electricidad confiable, barata y limpia. Actualmente uno de cada tres pesos de inversión en el sector energético viene de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”, subrayó.
En tanto, Kenneth Smith Ramos, socio de la firma Agon, detalló que la industria eléctrica está presente en los capítulos 14 (inversión), 15 (comercio transfronterizo de servicios) y 22 (empresas propiedad del Estados y monopolios designados, del T-MEC.
“El acuerdo comercial no impide cambiar el marco constitucional o legal de México y de Estados Unidos, pero sí impone costos a la adopción de reformas que contravengan los compromisos de México, y estos costos los pagarán empresas y empleados mexicanos en sectores cruciales para nuestra economía y directamente la hacienda pública”, denunció.
IMCO advierte de obstáculos
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un estudio donde concluye que la iniciativa generaría obstáculos para el aprovechamiento del T-MEC, ya que genera conflictos con sus disposiciones, afecta el mercado energético regional y a los exportadores de México y, al final del día, le resta atractivo al país como alternativa de inversión frente a China.
La organización enumeró que entre los principales obstáculos se encontraría la de perder la oportunidad de que México se consolide como una alternativa de inversión a China, menos competitividad y afectación a industrias estratégicas que generan crecimiento económico.
